Los Ayuntamientos, como cualquier empresa o particular, debe responder por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

La constitución Española reconoce a los ciudadanos en su artículo 106.2 el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Normalmente el Ayuntamiento no nos reconoce el derecho directamente por lo que en la mayoría de los casos no queda más remedio que acudir a los juzgados y  tribunales contencioso-administrativos.

La principal fuente normativa en esta materia está constituida por la Ley General Tributaria,  58/2003, de de 17 de diciembre, ley aplicable según su art. 1 a todas las Administraciones tributarias, y por tanto también a la Administración Tributaria Local.

Concretamente en su art. 213 LGT se indica que los actos y actuaciones de aplicación de los tributos, así como los actos de imposición de sanciones tributarias, podrán revisarse mediante:

    1. Los Procedimientos Especiales de Revisión.

    2. El recurso de Reposición

    3. Las Reclamaciones Económico-administrativas.

Sin embargo, por lo que se refiere al RECURSO DE REPOSICIÓN en el ámbito local, hay que atenerse a lo establecido tanto en  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), así como en el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ( en adelante TRLHL).

PASOS A SEGUIR PARA RECLAMAR LA CORRESPONDIENTE  INDEMNIZACION.

Los Ayuntamientos y el resto de administraciones públicas deben responder por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

La Constitución Española reconoce a los ciudadanos en su artículo 106.2 el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

1. ¿En qué supuestos es posible presentar una reclamación ante un Ayuntamiento?

ESPECIALIDADES APLICABLES A SUPUESTO EN  CAIDAS EN VIA PUBLICA, ACCIDENTES DE CIRCULACION POR MAL ESTADO DE CONSERVACION, PRISION PROVISIONAL INDEBIDA, NEGLIGENCIAS MEDICAS Y DEMAS SUPUESTOS EN LOS QUE LA ADMINISTRACION CAUSA UN PERJUICIO A UN PARTICULAR.

Actualmente ha desaparecido la antigua dualidad de procedimientos existentes en materia de responsabilidad patrimonial.

Entre las principales novedades de la Ley 39/2015 destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.

Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica.

Los supuestos indemnizatorios urbanísticos son aquellos casos en que la Administración incurre en responsabilidad en el ejercicio de la actividad territorial o  urbanística.

Tal y como se desprende del artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos de los particulares que resulten de los siguientes supuestos:

Se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a la obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios sufridos por un paciente como consecuencia directa de la asistencia sanitaria recibida en un centro dependiente del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS).

1. ¿DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?

Art. 106.2 de la Constitución española: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Art. 32 y siguientes de  la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Publico desarrolla este planteamiento y dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”

2. ¿A QUIEN DEBEMOS DIRIGIR LA RECLAMACIÓN?

La primera característica relevante de la responsabilidad patrimonial sanitaria es que se dirige frente a la Administración titular del servicio o centro donde se produce la asistencia, y no frente a los profesionales que la han prestado.

Compartimos modelo de recurso de reposición contra la desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de un Ayuntamiento. [Ver modelo]

Cuando un Ayuntamiento te desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial tienes dos opciones:

1. Acudir directamente a la vía Judicial mediante la interposición de un recurso Contencioso Administrativo, en cuyo caso deberás comparecer con la asistencia de Abogado en ejercicio.

2. Interponer en vía administrativa un recurso de reposición antes de acudir a la vía judicial. Para interponer este recurso no necesitas comparecer con Abogado.

Las Administraciones públicas, como cualquier empresa o particular, debe responder por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

La constitución Española reconoce a los ciudadanos en su artículo 106.2 el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Normalmente la administración no nos reconoce el derecho directamente por lo que en la mayoría de los casos no queda más remedio que acudir a los juzgados y  tribunales contencioso-administrativos.

1. ¿En qué supuestos es posible presentar una reclamación ante la administración publica?

   Los supuestos pueden ser de todo tipo, quedando abierta la posibilidad de reclamación en todos aquellos casos en los que la administración causa un daño al ciudadano existiendo una clara relación causa efecto entre la actuación de la administración y el perjuicio ocasionado.

Una caída sufrida en la vía pública por un ciudadano puede ser objeto del ejercicio de una acción tendente al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

En muchos actos propios de la vida cotidiana se puede producir un accidente al caer al suelo una persona que deambula por la acera, por un parque público o en un edificio público.

Es importante reseñar que no toda caída producida en la vía publica genera derecho a indemnización por parte del Ayuntamiento, sino que es un requisito imprescindible que se cumplan una serie de presupuestos que dan lugar a lo que se ha denominado responsabilidad patrimonial de las administraciones publicas.

Las Administraciones Publicas, como cualquier empresa o particular, deben responder por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

La constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 reconoce a los ciudadanos en su artículo 106.2 el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Tal y como se establece expresamente en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y viene fijando la doctrina del Tribunal Supremo, para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos es necesario que concurran los siguientes requisitos:

Cuando la administración notifica un acto administrativo (multa, denegación de una subvención, denegación de una licencia, expropiación de un terreno....) y no estamos conformes con el mismo, la ley prevé la posibilidad de recurrir ese acto en vía administrativa antes de acudir a la vía judicial.

En ocasiones, la interposición del recurso administrativo es un requisito necesario para poder acudir a la vía judicial, como es en el caso del recurso de alzada.

No obstante, en otros casos, la interposición de un recurso en vía administrativa no tiene carácter obligatorio, por lo que el ciudadano puede optar entre interponer el recurso en vía administrativa o acudir directamente a la vía judicial, como es el caso del recurso de reposición.

Es importante reseñar que para la interposición de cualquier recurso administrativo NO ES NECESARIO ABOGADO NI PROCURADOR, aunque si es aconsejable contar con el asesoramiento jurídico de un profesional de cara a dotar de una mayor solvencia al recurso interpuesto.

Los recursos son los medios por los cuales se impugnan los actos y disposiciones de la Administración, cuando se estime que son contrarios al ordenamiento jurídico.

Se denominan recursos administrativos porque la resolución de los mismos corresponde a la administración pública, a diferencia del recurso contencioso administrativo cuya resolución le corresponde a los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa.

¿ Que actos administrativos son recurribles?

En ocasiones el obtener por parte de los ciudadanos una respuesta razonada por parte de la administración a una solicitud una vez transcurridos los plazos para resolver y habiendo operado el silencio administrativo negativo, obliga a los ciudadanos a acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, lo que implica, necesariamente un coste económico al tener que comparecer con abogado y procurador.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una importante sentencia ( Sentencia nº 74/2018, de 22 de enero de 2018, de la Sección Funcional 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)   en la que, a pesar de desestimarse el recurso contencioso administrativo, no se imponen las costas judiciales al recurrente por tratarse de un supuesto de desestimación presunta.

A este respecto conviene resaltar su Fundamento de Derecho Séptimo en el que se motiva la no imposición de costas judiciales al recurrente pese a desestimarse el recurso contencioso, por tratarse de una desestimación presunta:

La responsabilidad patrimonial y el consiguiente procedimiento se regulaban en los Artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los Procedimientos, que se aprobó por R.D. 429/93, derogados por la Ley 39/2015.

A partir del 2 de octubre de 2016, se regulan por las dos leyes, la 40/2015 en cuanto a principios y régimen jurídico, y la 39/2015 en cuanto a especialidades procedimentales.

Éstas se elevan a rango legal y se consideran “especialidades”, ya que, según dice en la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se han integrado en el común”.

Éstas son las principales “especialidades”:

Es frecuente que cuando nos dirigimos a una administración pública y presentamos una solicitud de cualquier tipo ( ya sea una licencia, una autorización, una subvención o una reclamación por daños y perjuicios...... ) el órgano administrativo no conteste a  nuestra solicitud dentro del plazo que la ley marca para dictar una resolución.

En estos casos, ¿Se entiende que la administración ha desestimado nuestra  solicitud o debo entender que la solicitud ha sido estimada?

Este articulo tiene por objeto regular de un modo claro y sencillo el nuevo régimen jurídico del silencio administrativo en la nueva ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ( en adelante LEPAC )

 El silencio administrativo se configura como una garantía de los derechos de los ciudadanos ante las situaciones en los que la Administración Pública no adopta una resolución expresa pese a encontrarse obligada a ello. De este modo, los interesados pueden saber a qué atenerse en relación a sus derechos una vez que han transcurrido determinados plazos.

 El silencio administrativo puede ser positivo o negativo. En el primero de los casos, una vez transcurrido el plazo correspondiente, los interesados han de entender como estimada su solicitud, y que por tanto la Administración concede aquello que se le había pedido (por ejemplo una licencia de apertura de un local comercial).