Esta misma mañana el Tribunal Constitucional ha publicado una nota informativa en la que se hace público que el alto tribunal garante de los derechos fundamentales ha estimado la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno en relación con los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de los arts. 14 y 24.2 de la Constitución.
El apartado 1 del art. 294 de la LOPJ tiene la siguiente redacción: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: “El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar la presente cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa”, del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 13. Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado”.
La sentencia, tal y como confirmas diversos medios de comunicación, se notificará en los próximos días con una nota de prensa más amplia.
Esta circunstancia abre la puerta la puerta a ampliar el número de indemnizaciones otorgadas a presos encarcelados de forma preventiva y que finalmente resultan absueltos, con independencia de que la razón de su absolución fuera la inexistencia del hecho imputado.
Antes de la Sentencia del Tribunal Constitucional se exigía que se demostrase que no se había producido un delito, con lo que quedaban excluidos los afectados en casos en los que se daba por probada la existencia de un delito, pero no su participación en el mismo.
Con esta sentencia el Tribunal Constitucional trata de dar una respuesta más adecuada al mandato constitucional, que prevé de forma expresa que los daños por error judicial o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia dan derecho a una indemnización a cargo del estado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
