No es poco frecuente que una administración pública dicte un acto administrativo favorable para el ciudadano, como podría ser la concesión de una licencia, y posteriormente esa licencia sea anulada por el juzgado de lo contencioso administrativo en sede judicial.
En estos casos lo normal es que el ciudadano, confiando en la actuación de la administración, realice determinadas inversiones e incurra en una serie de gastos para iniciar la ejecución de la obra o para poner en marcha la actividad autorizada en la licencia.
La pregunta es; ¿Si esa licencia que ha sido previamente concedida se anula en sede judicial tiene la administración la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados?
Compartimos modelo de recurso de reposición contra una declaración de ineficacia de una declaración responsable. [Ver modelo] 
Es importante tener en cuenta que esta problemática es cada vez más habitual en la ciudad de Madrid.
La declaración responsable, a diferencia de la licencia tradicional, traslada la responsabilidad al ciudadano, permitiendo el ejercicio de la actividad y la ejecución de obras asociadas a la misma desde el momento de su presentación y sin necesidad de un pronunciamiento previo por parte de la administración.
Como norma general, en España todo copropietario puede pedir la disolución judicial de un bien cuya propiedad le pertenece no de forma exclusiva sino solo en una parte.
Es importante recalcar que la división de la cosa común la puede pedir en cualquier momento, siendo este un derecho imprescriptible.
Cuando se trata de bienes indivisibles ( Ej: Una casa, un coche, un local comercial..) el primer paso es negociar con los demás propietarios la adjudicación a uno de ellos compensando a los demás el precio.
Compartimos con el presente acuerdo elaborado conjuntamente con la parte contraria en un procedimiento de extinción de proindiviso judicial.
Es habitual en este tipo de procedimientos llegar a un acuerdo a los efectos de evitar una pública subasta que en nada beneficia a las partes.
En el presente asunto, en el trámite de contestación a la demanda interpuesta por este despacho, el demandado aceptó negociar un acuerdo que quedó plasmado en el documento que compartimos.
SENTENCIA OBTENIDA POR ESTE DESPACHO. SE DECLARA LA EXTINCIÓN DE CONDOMINIO CON LA EXPRESA CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDADA.
En el presente procedimiento la parte demandada había planteado dos excepciones procesales, por un lado que se entendiera que había prejudicialidad penal y, por otro, que se apreciara falta de litisconsorcio pasivo necesario al estar casado el demandado propietario del local
El juzgado, como se expresa en la resolución, desestimó en la vista ambas excepciones; por un lado hay un procedimiento penal abierto contra los demandantes por una cuestión de posible administración desleal, apropiación indebida, etc..pero en todo caso, y así lo resuelve este Juzgado, dicha cuestión penal en nada tiene por qué afectar al derecho de extinguir el proindiviso, ya que de existir delito en el procedimiento paralelo, en ningún caso eso determinaría que no habría el derecho ejercer los derechos que otorgan a mis representados a extinguir la copropiedad, al amparo de los artículos 400 y siguientes del Código civil.
SI EL PROGENITOR O LA PROGENITORA QUE OSTENTA LA CUSTODIA DE LOS HIJOS, TIENE UNA RELACIÓN ESTABLE DE CONVIVENCIA CON OTRA PERSONA, SE PUEDE INTERESAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO SOBRE LA VIVIENDA FAMILIAR Y LA CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES.
Con fecha 20 de noviembre de 2018 ha sido dictada por el Tribunal Supremo la Sentencia 641/2018, que se adjunta para su lectura, la cual establece que en ese caso, la progenitora que ostenta la custodia de los menores por habérsele atribuido por sentencia, y por tanto goza del uso y disfrute de la vivienda asignada a sus hijos, pierde ese derecho desde el momento en que convive en relación estable con otra persona.
Si has sufrido una negligencia dental, en primer lugar es fundamental tener claro quién es el responsable último al que poder reclamar.
Es muy importante distinguir entre si la negligencia dental se ha producido en un centro sanitario público o en un centro sanitario privado (Clínicas privadas).
1. NEGLIGENCIA EN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
Si la negligencia se ha producido en un centro sanitario público, tendremos que presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial ante la administración sanitaria.
Pese haber testigo de los hechos, su declaración no fue concluyente para desvirtuar la presunción de inocencia de nuestro representado; además los indicios que rodean a los hechos principales, como es la cuestión de la llamada realizada por el denunciado a la policía (que parece contradictorio si entendiera que ha cometido algún hecho de trascendencia penal), hacen entender al Juzgador que no hay prueba suficiente de cargo para condenar.
Los asuntos de violencia de género tienen como peculiaridad, en muchos de ellos, la dificultad probatoria de la acusación, toda vez que muchos de los hechos ocurren en esferas privadas, no existiendo testigos que puedan esclarecer lo ocurrido.
Actividades sometidas a la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR).
PROBLEMAS DE APLICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA DE LA LEY.
La Disposición adicional Novena de la LEPAR, comienza poniendo de relieve una cuestión fundamental:
“1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la licencia municipal de funcionamiento o la declaración responsable del solicitante ante el Ayuntamiento, a elección del solicitante, sin perjuicio de otras autorizaciones que le fueran exigibles.
Este primer inciso de la Disposición permite al ciudadano optar, voluntariamente y con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la actividad, entre la tramitación del procedimiento de licencia Municipal de funcionamiento, o bien, la presentación de una declaración responsable.
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